domingo, 30 de agosto de 2009

Protestar el Venezuela en los próximos días será delito

Así lo recoge el diario español El País:
Protestar en las calles de Venezuela es, a partir de ahora, sinónimo de crimen. La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, ha anunciado que abrirá procesos contra todos aquellos ciudadanos que “por cualquier motivo marchan” y que, en su opinión, sólo buscan “desestabilizar al Gobierno constitucionalmente electo”. “Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el Gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias”, dijo Ortega, mientras moderaba su programa de radio En sintonía con el Ministerio Público, que transmite todos los viernes una emisora del Estado. Su opinión es que “(estas) conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil”, que la ley venezolana castiga con penas de 12 a 24 años de cárcel.

A principios de julio, y también a través de su programa, Luisa Ortega también propuso al Parlamento que aprobara una polémica “ley contra delitos mediáticos” para castigar a los medios de comunicación que difundieran informaciones que “incitaran al odio” o generasen “zozobra” entre la población.

Los primeros “rebeldes”, según el criterio de la fiscal, ya están tras las rejas. El prefecto de la ciudad y 11 trabajadores de la Alcaldía Mayor de Caracas -que gobierna el opositor Antonio Ledezma- fueron detenidos este miércoles por participar en la marcha que se realizó el sábado 22 de agosto contra la recién aprobada Ley Orgánica de Educación, que resta autonomía a las universidades y establece un sistema para fundar “la nueva conciencia” socialista en las escuelas. Todos ellos fueron acusados de “obstrucción de la vía pública”, “instigación a delinquir” y lesiones contra policías. Según la fiscal, esta protesta, en la que participaron miles de venezolanos, fue convocada por los partidos y organizaciones civiles de oposición para generar “un clima de violencia” y “crear un escenario parecido al del 11 y 12 de abril de 2002, cuando se produjo el golpe de Estado en Venezuela” que sacó a Hugo Chávez del poder durante 48 horas.

La declaración de la fiscal no ha sido sino un signo más en la marcada tendencia del Gobierno de Hugo Chávez a la criminalización de la protesta. Desde 2007, al menos 300 estudiantes han sido detenidos por participar en las manifestaciones contra el cierre del canal privado Radio Caracas Televisión y contra la reforma constitucional propuesta por Chávez para establecer su reelección indefinida; desde entonces, 256 de ellos deben presentarse ante un juez de forma periódica y tienen prohibido salir del país.

Tanto el presidente Chávez como la fiscal Díaz han criticado al gremio de los periodistas, que también está en pie de protesta contra las crecientes amenazas contra la libertad de expresión en Venezuela. Hace dos semanas, 12 reporteros fueron agredidos con palos y piedras por un grupo de chavistas cuando repartían volantes en el centro de Caracas contra uno de los artículos de la nueva Ley de Educación, que establece el cierre inmediato de medios de comunicación que difundan contenidos que generen “terror” en los niños.

Chávez justificó la paliza al decir que esa protesta fue una “provocación” contra el pueblo, mientras la fiscal dijo que los comunicadores que participan en este tipo de actos dejan de ser periodistas y se convierten en políticos. Como responsable por esta agresión, sólo fue detenido un trabajador del canal estatal Ávila TV, liberado una semana más tarde.


A estas noticias la Agencia Bolivariana de Noticias (órgano oficial y revolucionario de las informaciones de Hugo Chavez) publica lo siguiente, lo que me queda claro es que lo dicho por la prensa de la "derecha" internacional, como catalogan a diversos medios de comunicación serios, es totalmente cierto y lugar a dudas y ABN lo confirma:
En esta oportunidad, medios nacionales e internacionales, en una sola voz, guiados por los planes desestabilizadores estadounidenses, tomaron las declaraciones de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, para malinformar a la opinión pública del planeta y asegurar que en la tierra de Bolívar hay un régimen dictatorial.

Esto dijo la fiscal: 'Quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales”.

Todos los venezolanos, sin distingo de razón política, tienen derecho a protestar, a marchar, a movilizarse, pero de manera pacífica, sin generar violencia, sin destruir el patrimonio público, sin afectar la libertad del otro. Aquellos que rompan con la paz y generen violencia podrán ser enjuiciados.

Ocultando esta información, borrándola de sus archivos, los medios de derecha dicen: En Venezuela nadie podrá protestar en contra del Gobierno. En Venezuela, quien proteste, será enjuiciado.

No señores, se equivocan, o más bien equivocan al lector, lo engañan.

El diario El Tiempo, de Bogotá, tituló uno de sus artículos: 'Fiscalía venezolana advirtió que enjuiciará, bajo el delito de rebelión civil, a quienes protesten'.

El Nuevo Herald, de Miami, hace lo propio. Señala que la Fiscalía apresará a quien se atreva a manifestar en contra del Gobierno, tergiversando totalmente la declaración de la fiscal.

'Protestar en Venezuela se convertirá en delito', así tituló este sábado el diario El País de España. Siguiendo los lineamientos de la campaña internacional para criminalizar al presidente Hugo Chávez y al Gobierno Bolivariano, democrático y participativo, tal como lo establece su Constitución.

Por supuesto, las repercusiones internas no se hicieron esperar y estos escandalosos titulares fueron reproducidos insistentemente por los medios de comunicación nacionales como Globovisión, canal privado de televisión duramente criticado por sus posturas políticas radicales.

Lo que callan los medios

La máxima representante del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, señaló que pedirá el enjuiciamiento de todas aquellas personas que alteren la tranquilidad y la paz pública en el país, a propósito de los hechos ocurridos el sábado pasado en la macha organizada por la oposición, que en un principio era contra la Ley de Educación y finalmente fue en contra del presidente, Hugo Chávez, tal como lo expresaron los manifestantes.

En dicha manifestación, las fuerzas de choque de la oposición, dirigidas por los opositores Henry Ramos Allup, Oscar Pérez (Alianza Bravo Pueblo), Leopoldo López (ex alcalde de Chacao), Luis Ignacio Planas (Copei), entre otros, derribaron el cerco de seguridad y agredieron con objetos contundentes a los funcionarios policiales. Además, insistían en marchar hasta el Palacio de Miraflores.

“El Ministerio Público no va a permitir que esto continúe. Quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales”, anunció Ortega Díaz en declaraciones pasadas.

Agregó que “algunas personas buscan cualquier motivo para marchar, cualquier motivo para crear caos. A ellos no les importa el país, lo que quieren es desestabilizar”.

Aseguró que estas acciones encajan en el delito de rebelión civil, el cual, de acuerdo con el artículo 143 de Código Penal, establece que serán castigados con prisión de 12 a 24 años los que se alcen públicamente en actitud hostil, contra el gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando.


Saquen sus propias conclusiones, las de la supuesta izquierda neofascista revolucionaria democrática y protagónica de Venezuela y los medios fascitas de la derecha internacional que intentan desestabilizar al pobre Hugo Chavez, un exmilitar golpista que coarta las libertades de los venezolanos bajo la figura de elecciones amañadas y leyes con una Asamblea 98% afecta, un poder judicial vendido a su poder y dinero, unas fuerzas armadas desarmadas y sus cabezas en cargos que compran conciencias.

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